La violencia salvaje en Venezuela que el manual izquierdista ortodoxo no puede explicar

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela en 1999, la tasa de asesinatos anuales en ese país era de 19 personas por cada 100.000 habitantes. Desde entonces, la cifra se ha casi quintuplicado (90 en 2015, según el independiente Observatorio Venezolano de la Violencia), hasta el punto de hacer de Caracas la capital más peligrosa del mundo. La oposición venezolana culpa de esta situación al Gobierno bolivariano, llegando incluso a atribuirle directamente los asesinatos cometidos por delincuentes (como si Nicolás Maduro se dedicara a dar órdenes, desde su palacio presidencial, de matar gente para robarles la cartera o un teléfono móvil).

Ya expuse en abril de 2013 en este mismo blog mi creencia de que la izquierda ortodoxa se equivoca al confundir pobreza con predisposición a delinquir. Entonces escribí lo siguiente:

Ante la violencia bestial que azota México y Centroamérica, el izquierdista biempensante recurre al comodín de la miseria y las desigualdades sociales (por cierto, el número de homicidios per cápita es bastante más bajo en India, donde mucha gente malvive hacinada en slums infectos y también hay no pocos ricos). Luego observa el caso de Venezuela y no acaba de entender cómo se disparan los asesinatos si, con datos de la propia ONU, se ha reducido la pobreza y se han atenuado las desigualdades. Nuestro ingenuo pensador no deja de tomar a los mareros y sicarios, además de como verdugos, como supuestas víctimas de un orden económicamente injusto, gentes que no tuvieron otra oportunidad para salir adelante. Se le pasa por alto que buena parte de los jóvenes más pobres de esos países no solo no son criminales sino que además conforman el grueso de sus víctimas (dejando a un lado los ajustes de cuentas). Está claro que la delincuencia pandillera se ceba sobre todo con los pobres, con quienes están cerca de los malandros y no disponen de los medios para protegerse -alarmas, alambradas, altos muros e incluso guardaespaldas- que están al alcance de la clase media y los ricos.

Se entiende que alguien que no sea un psicópata -incluso puede que un buen chico en una situación difícil- se haga pandillero, pero para medrar ahí dentro solo se puede ser un redomado hijo de puta: hay un proceso de selección negativa que hace que solo los psicópatas más inteligentes, precisamente por esa doble condición (por su astucia, habilidades sociales y absoluta falta de escrúpulos y empatía), lleguen a ser los generales de las bandas. Este fenómeno siempre ocurre cuando no hay un poder estatal (el Leviatán hobbesiano) que detente eficazmente el monopolio de la violencia en un territorio. Un ejemplo lo tenemos en la película Gangs of New York, ambientada en el Manhattan de mediados del siglo XIX. Otro, en la ficticia La carretera de Cormac McCarthy. Siempre que falte el poder coercitivo del Estado estará el camino expedito para psicópatas y tipejos sin escrúpulos, que lo tienen más complicado en un marco democrático civilizado (aunque no por ello dejen de medrar en empresas, partidos políticos, clubes de fútbol, etc.). Y esto no es cosa de un pasado o de unas latitudes más o menos remotas, como tuvimos oportunidad de comprobar en las guerras yugoslavas de finales del siglo XX.

Volvamos a Venezuela. Los Gobiernos bolivarianos de Chávez y Maduro han subestimado la importancia de la seguridad ciudadana, conforme al paradigma izquierdista que considera la delincuencia un producto del capitalismo destinado a desaparecer en un Estado socialista con justicia social. Preocuparse por la seguridad sería una frivolidad propia de políticos reaccionarios solo pendientes del bienestar de los ricos (¡cuando lo cierto es que el 80% de los asesinados en Venezuela son pobres!).

El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) atribuye el aumento de la violencia a la "ausencia y exceso de Estado". Al parecer, en Venezuela ha habido en los últimos lustros un debilitamiento de la policía -sobre todo, la regional y municipal-, que ha visto reducidos sus efectivos y sufrido una fuerte desmoralización por la falta de apoyo y la creciente politización de los ascensos internos. El control de barriadas populares por grupos parapoliciales progubernamentales (caso de los tupamaros) ha favorecido la proliferación de armas y restado autoridad a las fuerzas policiales, cuya retirada de algunas zonas del territorio nacional ha permitido el asentamiento y florecimiento de bandas criminales que campan a sus anchas. A ello se suma un sistema judicial completamente desbordado, incapaz de hacer frente a montañas de causas penales, lo que ha propiciado una impunidad generalizada y que algunos se tomen la justicia por su mano (con linchamientos o ejecuciones extrajudiciales). Esto en cuanto a la "ausencia de Estado".

Por lo que respecta al "exceso de Estado", no hay que desdeñar el daño de políticas económicas bienintencionadas (seamos generosos suponiendo que no se han arbitrado con fines clientelares) que han alentado la corrupción y la delincuencia: por ejemplo, las regulaciones de precios destinadas presuntamente a proteger a los más desfavorecidos han hecho de la frontera con Colombia un coladero contrabandista, vaciando los estantes de los supermercados fronterizos venezolanos en beneficio de grupos criminales conchabados con funcionarios corrompidos.

El Gobierno de Maduro ha tomado mayor conciencia del problema de la seguridad en los últimos tiempos, sobre todo a raíz del asesinato en enero de 2014 de una famosa reina de belleza en una carretera. Pero echando la culpa de la situación no a la quiebra del imperio de la ley sino a los "antivalores" propagados por los medios de comunicación e incluso a la mala influencia en los chicos de series como Spiderman. Y respondiendo a la desesperada con acciones represivas "aparatosas y "contraproducentes", según el OVV.

"Consideramos que la destrucción institucional que continúa padeciendo el país es el factor explicativo más relevante del incremento sostenido de la violencia y el delito", dice el OVV en su informe anual de 2015. "La institucionalidad de la sociedad, en tanto vida social basada en la confianza y regida por normas y leyes, se diluye cada vez más ante la arbitrariedad del poder y el predominio de las relaciones sociales basados en el uso de la fuerza y las armas". O sea, como en las ya mentadas Gangs of New York o La carretera. Ya va siendo hora de que la izquierda entienda que la seguridad es un derecho fundamental (no un privilegio burgués) sin el cual no hay libertad ni es posible una vida civilizada para nadie: ni para ricos ni para pobres.

El lastre de la inseguridad jurídica

Hace días me decía mi viejo amigo de Canarias José Miguel Santos que la mejora de la seguridad jurídica quizá fuese ahora mismo más importante para España que la de la educación (sin quitarle un ápice de importancia a ésta, por supuesto). Me lo comentó por teléfono, mientras yo hacía tiempo para recoger el coche, que había dejado en una conocida red de talleres para el cambio periódico del aceite y los filtros. Yo le había expresado mi inquietud por haber leído algunos comentarios negativos en Internet de esta cadena (relacionados con descuidos y ñapas seguramente consecuencia de contratar gente sin mucha experiencia, mal pagada y presionada para trabajar rápido).

Mi ignorancia sobre coches y mecánica me ponía en manos de esos tipos: poco podría oponer a un eventual consejo/advertencia del tipo "necesita cambiar urgentemente las bujías de descompresión porque están desgastando el árbol de levas y esto compromete la suspensión trasera del ABS" (un comentario de esta guisa está ciertamente descartado en un establecimiento así porque siempre hay gente en la cola que puede escucharlo y el empleado se jugaría estúpidamente un despido ante una hipotética denuncia o reclamación; pero no es el caso del típico Taller Pepe, donde solo están el señor Pepe y sus dos ayudantes a los que paga 700 euros: ahí sí que te la pueden meter doblada hasta el fondo -¡y, de hecho, lo hacen!- si advierten que no tienes ni zorra idea).

Si en España tienes algún problema que te obligue a acudir a la Justicia, entonces ya tienes dos problemas en vez de uno. Porque a nadie se le pasa por alto la terrible lentitud de nuestro sistema judicial (más de uno - entre ellos figuraba el desaparecido Santiago Carrillo- sospecha que detrás de esto, amén de ineficacia y escasez de recursos, hay intereses corporativos), así como la laxitud y los resquicios (bien conocidos por los leguleyos de turno) de un ordenamiento legal que hace que muchas veces los delincuentes se vayan de rositas y los perjudicados vivan un calvario. Esta inseguridad jurídica causa angustia y desconfianza en la ciudadanía, no invitando precisamente a emprender o cooperar. Y además da una imagen lamentable del país en el exterior.

Si se siguiera la máxima de que "quien la hace la paga (y rápido)", los ciudadanos que cumplen se quitarían un peso de encima (los delincuentes, por contra, estarían más intranquilos) y se fomentarían la confianza, la cooperación y el bien común. Nuestro capital social ganaría mucho si viésemos liquidada la impunidad, si el sinvergüenza que te tima (aunque tenga cuello blanco, pajarita o acta de diputado) entrase presto en la cárcel y tú fueras resarcido de manera ágil y rápida. Seríamos sin duda un país mucho más vivible y amable.