Economía del bien común, una buena idea (para países civilizados)

Al economista austríaco Christian Felber se le ha ocurrido una idea estupenda cuyo nombre es economía del bien común (ver más en su web). Esto sí que huele a socialismo (del bueno) del siglo XXI, no como ese cóctel neobolivariano de marxismo, nacionalismo, mesianismo cristiano y populismo del más zafio (que incluye el embalsamamiento de próceres) que campa a sus anchas por algunos países de Latinoamérica.

La economía del bien común pretende que valores constitucionales como la justicia, el progreso social o la solidaridad dejen de ser meras palabras huecas para convertirse en una realidad tangible. ¿Cómo? Incentivando a las empresas a comportarse éticamente y disuadiéndolas de lo contrario, para ponerlas al servicio de la satisfacción de las necesidades de las personas, de su calidad de vida y del bien común. Felber constata que las leyes que presiden la economía de mercado son la competencia (en el peor sentido) y el afán del lucro, lo que no debe tomarse como algo natural e inevitable ya que los humanos también cooperan entre sí y se ayudan mutuamente en su condición de ciudadanos, vecinos o familiares: somos capaces tanto de lo peor como de lo mejor.

La manera de hacer que las empresas se portasen bien sería a través de los impuestos, aranceles y compras públicas: las malas (las que no respetasen a sus trabajadores, discriminaran a mujeres o minorías, no cuidasen el medio natural, no beneficiaran a su entorno social, fabricasen productos indeseables o funcionaran como dictaduras) tendrían que pagar más tributos y soportar aranceles más altos, además de no llevarse ni un céntimo de un contrato público; al contrario que las buenas, que tendrían preferencia en las compras públicas e incluso podrían comercializar sus productos y servicios libres de toda imposición fiscal y aduanera.

Para que esto funcionase se necesitarían auditores independientes, encargados de comprobar la veracidad del "balance del bien común" que deberían entregar las empresas (un documento contable que tendría en cuenta esos otros aspectos no monetarios como la sensibilidad social y ambiental). De su puntuación total en este balance dependería en buena medida la supervivencia de una empresa en el mercado (un mercado que, a diferencia del que ahora conocemos, estaría sujeto a la Ética). Por supuesto, se requeriría necesariamente la complicidad de la ciudadanía para poner en marcha el sistema no solo a nivel local, regional y estatal sino también supranacional (en nuestro caso, en el marco de la Unión Europea).

Las cosas no quedan aquí, ya que los defensores de la economía del bien común proponen legislar para poner coto a los excesos del capitalismo. Por ejemplo, pretenden establecer límites a las cantidades heredadas o a las diferencias de renta entre los más ricos y los más pobres. Claro está, esto dependería de lo que decidiese la mayoría: Felber no se cansa en insistir que corresponde a la sociedad determinar cuánta desigualdad considera admisible (si acaso estima que la desigualdad en el reparto de la riqueza es algo indeseable). La última palabra la tendría la gente. El problema viene con la apelación -democráticamente impecable- a la ciudadanía cuando esta tiene una calidad como la española (por desgracia, muy diferente a la islandesa). Así no es de extrañar que políticos corruptos saquen mayorías absolutas, que arrasen los programas de telebasura o que nuestras costas estén alicatadas.