Ya expuse en abril de 2013 en este mismo blog mi creencia de que la izquierda ortodoxa se equivoca al confundir pobreza con predisposición a delinquir. Entonces escribí lo siguiente:
Ante la violencia bestial que azota México y Centroamérica, el izquierdista biempensante recurre al comodín de la miseria y las desigualdades sociales (por cierto, el número de homicidios per cápita es bastante más bajo en India, donde mucha gente malvive hacinada en slums infectos y también hay no pocos ricos). Luego observa el caso de Venezuela y no acaba de entender cómo se disparan los asesinatos si, con datos de la propia ONU, se ha reducido la pobreza y se han atenuado las desigualdades. Nuestro ingenuo pensador no deja de tomar a los mareros y sicarios, además de como verdugos, como supuestas víctimas de un orden económicamente injusto, gentes que no tuvieron otra oportunidad para salir adelante. Se le pasa por alto que buena parte de los jóvenes más pobres de esos países no solo no son criminales sino que además conforman el grueso de sus víctimas (dejando a un lado los ajustes de cuentas). Está claro que la delincuencia pandillera se ceba sobre todo con los pobres, con quienes están cerca de los malandros y no disponen de los medios para protegerse -alarmas, alambradas, altos muros e incluso guardaespaldas- que están al alcance de la clase media y los ricos.
Se
entiende que alguien que no sea un psicópata -incluso puede que un buen
chico en una situación difícil- se haga pandillero, pero para medrar
ahí dentro solo se puede ser un redomado hijo de puta: hay un proceso de
selección negativa que hace que solo los psicópatas más inteligentes,
precisamente por esa doble condición (por su astucia, habilidades
sociales y absoluta falta de escrúpulos y empatía), lleguen a ser los generales de las bandas. Este fenómeno siempre ocurre cuando no hay un poder estatal (el Leviatán hobbesiano) que detente eficazmente el monopolio de la violencia en un territorio. Un ejemplo lo tenemos en la película Gangs of New York, ambientada en el Manhattan de mediados del siglo XIX. Otro, en la ficticia La carretera de Cormac McCarthy. Siempre que falte el poder coercitivo del Estado estará el camino expedito para psicópatas y tipejos sin escrúpulos,
que lo tienen más complicado en un marco democrático civilizado (aunque
no por ello dejen de medrar en empresas, partidos políticos, clubes de
fútbol, etc.). Y esto no es cosa de un pasado o de unas latitudes más o
menos remotas, como tuvimos oportunidad de comprobar en las guerras yugoslavas de finales del siglo XX.
Volvamos a Venezuela. Los Gobiernos bolivarianos de Chávez y Maduro han subestimado la importancia de la seguridad ciudadana, conforme al paradigma izquierdista que considera la delincuencia un producto del capitalismo destinado a desaparecer en un Estado socialista con justicia social. Preocuparse por la seguridad sería una frivolidad propia de políticos reaccionarios solo pendientes del bienestar de los ricos (¡cuando lo cierto es que el 80% de los asesinados en Venezuela son pobres!).
El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) atribuye el aumento de la violencia a la "ausencia y exceso de Estado". Al parecer, en Venezuela ha habido en los últimos lustros un debilitamiento de la policía -sobre todo, la regional y municipal-, que ha visto reducidos sus efectivos y sufrido una fuerte desmoralización por la falta de apoyo y la creciente politización de los ascensos internos. El control de barriadas populares por grupos parapoliciales progubernamentales (caso de los tupamaros) ha favorecido la proliferación de armas y restado autoridad a las fuerzas policiales, cuya retirada de algunas zonas del territorio nacional ha permitido el asentamiento y florecimiento de bandas criminales que campan a sus anchas. A ello se suma un sistema judicial completamente desbordado, incapaz de hacer frente a montañas de causas penales, lo que ha propiciado una impunidad generalizada y que algunos se tomen la justicia por su mano (con linchamientos o ejecuciones extrajudiciales). Esto en cuanto a la "ausencia de Estado".
Por lo que respecta al "exceso de Estado", no hay que desdeñar el daño de políticas económicas bienintencionadas (seamos generosos suponiendo que no se han arbitrado con fines clientelares) que han alentado la corrupción y la delincuencia: por ejemplo, las regulaciones de precios destinadas presuntamente a proteger a los más desfavorecidos han hecho de la frontera con Colombia un coladero contrabandista, vaciando los estantes de los supermercados fronterizos venezolanos en beneficio de grupos criminales conchabados con funcionarios corrompidos.
El Gobierno de Maduro ha tomado mayor conciencia del problema de la seguridad en los últimos tiempos, sobre todo a raíz del asesinato en enero de 2014 de una famosa reina de belleza en una carretera. Pero echando la culpa de la situación no a la quiebra del imperio de la ley sino a los "antivalores" propagados por los medios de comunicación e incluso a la mala influencia en los chicos de series como Spiderman. Y respondiendo a la desesperada con acciones represivas "aparatosas y "contraproducentes", según el OVV.
"Consideramos que la destrucción institucional que continúa padeciendo el país es el factor explicativo más relevante del incremento sostenido de la violencia y el delito", dice el OVV en su informe anual de 2015. "La institucionalidad de la sociedad, en tanto vida social basada en la confianza y regida por normas y leyes, se diluye cada vez más ante la arbitrariedad del poder y el predominio de las relaciones sociales basados en el uso de la fuerza y las armas". O sea, como en las ya mentadas Gangs of New York o La carretera. Ya va siendo hora de que la izquierda entienda que la seguridad es un derecho fundamental (no un privilegio burgués) sin el cual no hay libertad ni es posible una vida civilizada para nadie: ni para ricos ni para pobres.
Volvamos a Venezuela. Los Gobiernos bolivarianos de Chávez y Maduro han subestimado la importancia de la seguridad ciudadana, conforme al paradigma izquierdista que considera la delincuencia un producto del capitalismo destinado a desaparecer en un Estado socialista con justicia social. Preocuparse por la seguridad sería una frivolidad propia de políticos reaccionarios solo pendientes del bienestar de los ricos (¡cuando lo cierto es que el 80% de los asesinados en Venezuela son pobres!).
El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) atribuye el aumento de la violencia a la "ausencia y exceso de Estado". Al parecer, en Venezuela ha habido en los últimos lustros un debilitamiento de la policía -sobre todo, la regional y municipal-, que ha visto reducidos sus efectivos y sufrido una fuerte desmoralización por la falta de apoyo y la creciente politización de los ascensos internos. El control de barriadas populares por grupos parapoliciales progubernamentales (caso de los tupamaros) ha favorecido la proliferación de armas y restado autoridad a las fuerzas policiales, cuya retirada de algunas zonas del territorio nacional ha permitido el asentamiento y florecimiento de bandas criminales que campan a sus anchas. A ello se suma un sistema judicial completamente desbordado, incapaz de hacer frente a montañas de causas penales, lo que ha propiciado una impunidad generalizada y que algunos se tomen la justicia por su mano (con linchamientos o ejecuciones extrajudiciales). Esto en cuanto a la "ausencia de Estado".
Por lo que respecta al "exceso de Estado", no hay que desdeñar el daño de políticas económicas bienintencionadas (seamos generosos suponiendo que no se han arbitrado con fines clientelares) que han alentado la corrupción y la delincuencia: por ejemplo, las regulaciones de precios destinadas presuntamente a proteger a los más desfavorecidos han hecho de la frontera con Colombia un coladero contrabandista, vaciando los estantes de los supermercados fronterizos venezolanos en beneficio de grupos criminales conchabados con funcionarios corrompidos.
El Gobierno de Maduro ha tomado mayor conciencia del problema de la seguridad en los últimos tiempos, sobre todo a raíz del asesinato en enero de 2014 de una famosa reina de belleza en una carretera. Pero echando la culpa de la situación no a la quiebra del imperio de la ley sino a los "antivalores" propagados por los medios de comunicación e incluso a la mala influencia en los chicos de series como Spiderman. Y respondiendo a la desesperada con acciones represivas "aparatosas y "contraproducentes", según el OVV.
"Consideramos que la destrucción institucional que continúa padeciendo el país es el factor explicativo más relevante del incremento sostenido de la violencia y el delito", dice el OVV en su informe anual de 2015. "La institucionalidad de la sociedad, en tanto vida social basada en la confianza y regida por normas y leyes, se diluye cada vez más ante la arbitrariedad del poder y el predominio de las relaciones sociales basados en el uso de la fuerza y las armas". O sea, como en las ya mentadas Gangs of New York o La carretera. Ya va siendo hora de que la izquierda entienda que la seguridad es un derecho fundamental (no un privilegio burgués) sin el cual no hay libertad ni es posible una vida civilizada para nadie: ni para ricos ni para pobres.
