El lastre de la inseguridad jurídica

Hace días me decía mi viejo amigo de Canarias José Miguel Santos que la mejora de la seguridad jurídica quizá fuese ahora mismo más importante para España que la de la educación (sin quitarle un ápice de importancia a ésta, por supuesto). Me lo comentó por teléfono, mientras yo hacía tiempo para recoger el coche, que había dejado en una conocida red de talleres para el cambio periódico del aceite y los filtros. Yo le había expresado mi inquietud por haber leído algunos comentarios negativos en Internet de esta cadena (relacionados con descuidos y ñapas seguramente consecuencia de contratar gente sin mucha experiencia, mal pagada y presionada para trabajar rápido).

Mi ignorancia sobre coches y mecánica me ponía en manos de esos tipos: poco podría oponer a un eventual consejo/advertencia del tipo "necesita cambiar urgentemente las bujías de descompresión porque están desgastando el árbol de levas y esto compromete la suspensión trasera del ABS" (un comentario de esta guisa está ciertamente descartado en un establecimiento así porque siempre hay gente en la cola que puede escucharlo y el empleado se jugaría estúpidamente un despido ante una hipotética denuncia o reclamación; pero no es el caso del típico Taller Pepe, donde solo están el señor Pepe y sus dos ayudantes a los que paga 700 euros: ahí sí que te la pueden meter doblada hasta el fondo -¡y, de hecho, lo hacen!- si advierten que no tienes ni zorra idea).

Si en España tienes algún problema que te obligue a acudir a la Justicia, entonces ya tienes dos problemas en vez de uno. Porque a nadie se le pasa por alto la terrible lentitud de nuestro sistema judicial (más de uno - entre ellos figuraba el desaparecido Santiago Carrillo- sospecha que detrás de esto, amén de ineficacia y escasez de recursos, hay intereses corporativos), así como la laxitud y los resquicios (bien conocidos por los leguleyos de turno) de un ordenamiento legal que hace que muchas veces los delincuentes se vayan de rositas y los perjudicados vivan un calvario. Esta inseguridad jurídica causa angustia y desconfianza en la ciudadanía, no invitando precisamente a emprender o cooperar. Y además da una imagen lamentable del país en el exterior.

Si se siguiera la máxima de que "quien la hace la paga (y rápido)", los ciudadanos que cumplen se quitarían un peso de encima (los delincuentes, por contra, estarían más intranquilos) y se fomentarían la confianza, la cooperación y el bien común. Nuestro capital social ganaría mucho si viésemos liquidada la impunidad, si el sinvergüenza que te tima (aunque tenga cuello blanco, pajarita o acta de diputado) entrase presto en la cárcel y tú fueras resarcido de manera ágil y rápida. Seríamos sin duda un país mucho más vivible y amable.